Colombia: ¿peligra la justicia del Acuerdo de Paz? Habla el presidente de la JEP

El futuro de la justicia transicional en la vecina Colombia atraviesa una encrucijada crítica tras las recientes propuestas de recortes presupuestarios y la intención de adelantar el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el año 2028, una situación que enciende alarmas sobre la garantía de verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado.

En declaraciones exclusivas concedidas al medio internacional *France 24*, el recién posesionado presidente del tribunal, el magistrado Danilo Rojas, abordó los profundos desafíos institucionales que enfrenta este mecanismo derivado del histórico Acuerdo de Paz de 2016. Las propuestas del actual Ejecutivo colombiano plantean limitaciones financieras y operativas que amenazan con dejar inconclusos los emblemáticos macrocasos que investigan los crímenes más graves de la guerra.

Desde la perspectiva regional, la estabilidad institucional y los procesos de justicia transicional en los países vecinos poseen un eco inevitable en el tablero geopolítico latinoamericano, donde la vigencia de los pactos de paz es observada de cerca por actores de distintos sectores políticos y sociales. Para millones de ciudadanos, tanto en Colombia como en el resto de la región, la viabilidad de estos tribunales representa la prueba de fuego sobre la sostenibilidad de los acuerdos políticos a largo plazo.

Durante su entrevista con *France 24*, el magistrado Rojas enfatizó que recortar los tiempos y los recursos de la JEP no solo compromete la culminación técnica de las investigaciones pendientes, sino que pone en vilo el mandato ético con los sobrevivientes. Mientras el debate sobre el presupuesto y el cronograma de cierre avanza en el Congreso colombiano, la judicatura insiste en que desmantelar prematuramente el sistema equivaldría a fracturar los cimientos de la reconciliación nacional.